Ni un solo
técnico, profesional de la pedagogía (educación) o de la psicología, conocido,
reconocido, avala la propuesta del Decreto del TIL del Govern de JR Bauzá de
Illes Balears. Viceversa, la totalidad de la Comunidad Educativa, comunidad
universitaria, pedagógica y los psicólogos que se han pronunciado han indicado
los errores graves, por lo menos a causa de la forma de aplicación, que supone
esta orden, así como el perjuicio que puede causar, muy especialmente en todos
aquellos que lo van a sufrir, especialmente alumnos, profesores y padres. Una
vez más se demuestra como la ignorancia es atrevida y, si ésta es aplicada e
impuesta por una fuerza autoritaria, dañina.
Este
empecinamiento autoritario aberrante, propio, según Piaget, de falta de
inteligencia (aunque también puede ser sólo una apariencia para esconder una
intención perversa intensa inteligente: deteriorar la educación pública para
favorecer sus propios negocios privados educativos), ha conseguido, por primera
vez en la historia de la democracia que las clases se empezaran con tres
semanas de retraso y, como decía, unir a toda la ciudadanía, algunos de su
propia ideología y Partido, en la crítica y oposición a su política en materia
de lengua, cultura y educación. Una manifestación de 100.000 personas
oponiéndose al TIL y a la política educativa del Govern,… contrarestada por
otra de apoyo de… 30 personas, capitaneados, por Santito Kovacs, un agraciado,
por el Govern que recorta lo público, de “medicina?” privada con un millón de
euros públicos.
No obstante,
ante esta evidencia aplastante, ¿qué dice y hace el Govern y quienes le
defienden como el propio Bauzá, la Consellera de Educación, el Secretario
general de Educación y este también “encéfalo plano” que debate con Matías
Vallés en el programa “Fuego Cruzado”?
Primero
argumentan que su mayoría absoluta les legitima para dictar órdenes en forma de
Decreto y que “las leyes deben ser cumplidas”.
Perdón señores
pero no vayamos “al cumplimiento ciego de las leyes” sin ir, antes al origen de
las mismas. ¿Por qué y para qué se promulgan las leyes? Para mejorar la
organización, coordinación y beneficio de las personas en su dimensión social.
Pero este Decreto no se ha dictado con esta intención ni va teniendo estos
resultados, sino que todo lo contrario. El mejor destino, y prácticamente el
único posible, de las leyes injustas y perjudiciales es el de no ser cumplidas.
Y, aún más, el cumplimiento de las mismas no exime de la responsabilidad de sus
efectos nocivos a quien las cumple. Hace ya muchos años que el código de
justicia militar español suprimió, como no podía ser de otra manera, el punto
de “la obediencia debida” según el cual ningún militar podía ser acusado por
cualquier hecho derivado de cumplir una orden de un superior. Si, antes, un
superior hubiese dado la orden de “matar” a una determinada persona, el militar
que la recibía tenía la obligación de cumplirla y, consecuentemente, no podía
ser acusado de homicidio. Con el nuevo código militar la obligación es la de no
cumplir ninguna orden negativa injusta.
Y el mejor
destino del tirano es el de ser ejecutado… en aras al bien común. O, por lo
menos, así nos lo han ejemplificado los propios amigos del Partido Popular español
en los casos de Bin Laden, Sadam Hussein, Ceaucescu, Gadafi,… O, acaso, ¿no
somos todos iguales ante el criterio?
Antoni Ramis Caldentey
