20 junio 2012

Elionor Ostrom, premio Nóbel de economía

Elionor Ostrom, premio Nóbel de economía

Recibido en el grupo Humanistas / Humanistes del facebook
de Sandra Gallego Sappag

Ha muerto Elinor Ostrom, premio nobel de Economía... Aquí un vídeo en el que explicaba el PROCOMÚN

Stockholm whiteboard seminars:
Elinor Ostrom explica como a lo largo de la historia las personas se han organizado de manera comunal para gestionar y usar juntos recursos naturales de manera sostenible durante periodos de tiempo largos, creando una gran diversidad de instituciones que se corresponden con la complejidad y la diversidad de los ecosistemas de los que forman parte.

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13 junio 2012

Los Funcionarios. Francisco J. Bastida

Los Funcionarios

Francisco J. Bastida, Catedrático de Derecho Constitucional

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos.
En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

Francisco J. Bastida.
Catedrático de Derecho Constitucional.

10 junio 2012

España, moribunda de corrupción

 

El 8 de diciembre de 2002, siendo presidente en su segunda legislatura, Aznar, hace  ya casi 10 años, Javier Marias nos alertaba con un artículo en el que nos decía que “España era una sociedad enferma  de inmoralidad”: 


Pues bien, en este tiempo, con la salvedad de las dos legislaturas de J. L. Rodríguez Zapatero, la enfermedad (inmoralidad) se ha ido definiendo: corrupción, y se ha ido extendiendo en prácticamente todo su tejido económico-financiero y político y éste repercute el daño en todo el tejido social de la población.

Nunca se había visto tanta corrupción, tanta desfachatez, imposición autoritaria de medidas “agresivas” y negación de estos sus desmanes, conducta típicamente fascista. Resulta curioso  que JR Bauzá, presidente del Govern de la autonomía balear, siendo un de los más avanzados en este comportamiento, tanto que la propia Mª Dolores de Cospedal dice que él es un ejemplo de comportamiento que sigue todo el PP de toda España, presente una querella judicial contra alguien que le ha llamado fascista. Es como si Vd. llamara “estudiante” a un estudiante y éste le denunciara a Vd. en los juzgados por este hecho. Nueva muestra de desfachatez fascista.

El fascismo político español al servicio del imperialismo capitalista global y de su propia corrupción (enriquecimiento personal a expensas de los dineros y recursos públicos mediante la gestión política, corrupta por supuesto) utiliza la infraestructura democrática mientras ésta le resulta útil y no duda en utilizar los sistemas políticos fascistas (autoritarismo antidemocrático y antisocial) cuando no, como ocurrió en la guerra civil española ejecutada por la derecha política, económica y religiosa contra el pueblo español y los gobiernos legales, cuando, en 1936, perdió las elecciones generales. Igualmente, en febrero de 1981, en legislatura incluso de derecha, aunque más centrada y menos antisocial que la del PP, de Adolfo Suarez, intentó un golpe de Estado para poder dirigir la gestión económica del país. Igualmente, muy posiblemente, si la situación gravísima de crisis económica del mundo occidental actual, agravada en España por las políticas económicas restrictivas, contractivas y, en algunos casos, corruptas de los gobiernos central y autonómicos del PP y otros grupos absolutistas, fuesen gestionadas por gobiernos sociales o de izquierdas, es posible que el fascismo español se hubiera apoderado del poder de forma autoritaria y agresiva. Hoy mismo un Sr. Dice en el Mundo que si la Guerra Civil (incívica), la mayor vergüenza de España ante el mundo y la historia, que nunca debió ocurrir, la hubiera ganado  la República (el Gobierno legalmente establecido) hubiese habido una segunda guerra civil. No nos cabe la menor duda. Y si ésta segunda la hubiese ganado la República hubiese habido una tercera y así sucesivamente hasta el triunfo de la barbarie fascista. Si el fascismo español hasta declara la guerra al pueblo español incluso ostentando el poder desde el propio poder, como ocurre ahora mismo con las medidas contra la educación, sanidad, servicios sociales, funcionarios, pensionistas, jóvenes, rescatando la banca privada, muchas veces gestionada y al servicio del propio PP (paradigma de los comportamientos autoritarios y de la corrupción) con dineros públicos internos y con deuda pública externa, que generan nueva deuda, por intereses, prohibitiva,...

Por esto, cuando actúa en infraestructuras democráticas, tiene gobiernos aparentemente democráticos, pero que, en realidad, no lo son: Los poderes legislativo y ejecutivo están íntimamente ligados, porque el ejecutivo emana del legislativo y éste, mediante la disciplina de voto, actúa a las órdenes de aquel. Igualmente el ejecutivo-legislativo nombra al Fiscal General del Estado (y éste a los fiscales de la Fiscalía General y de las Fiscalías Autonómicas) , así como a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo y Constitucional, con lo que el Poder Judicial queda prácticamente alineado con el Ejecutivo-Legislativo y, de esta manera, se pierde la garantía judicial que debería defender la Justicia y al pueblo de los posibles abusos y corrupción de los otros poderes. La Justicia, muchas veces se convierte en Injusticia y la Fiscalía cuya función es la de defensa del pueblo se convierte en defensa de los verdugos y agresores del pueblo.  Y si además de los tres poderes, “no os preocupéis, todo está atado y bien atado” decía el dictador a sus seguidores poco antes de morir, contemplamos el cuarto poder, quizás más influyente que los otros tres, por lo menos a efectos de que se vote una u otra opción política, el poder de la “Comunicación” también este poder queda ligado al ejecutivo autoritario: Precisamente JL Rodríguez Zapatero y su Gobierno nos dejaron una TV pública profesional e independiente del poder político y económico que ha resultado la de mayor audiencia de todas las españolas y galardonada entre otras televisiones del resto del mundo. No obstante ahora, con el nuevo gobierno del PP, tanto al Director, como a la mayoría del Consejo de TVE los podrá elegir, en una segunda vuelta, la mayoría absoluta del PP. En Illes Balears la desfachatez del Govern del PP llegó al extremo de poner como Director a un Conseller (ministro) del propio Govern y a “todos” los miembros del Consejo de la TV IB3 y las imposiciones a los profesionales no se hicieron esperar: 


con lo que la TV IB3 se ha convertido, por mérito del nuevo poder ejecutivo y su imposición sectaria, en mero órgano de propaganda del Govern, administraciones y del propio PP, con muy baja objetividad, imparcialidad y calidad. Y éste es el peligro también de la TVE (ya he señalado que Cospedal dice que Bauzá es un ejemplo que sigue todo el PP de toda España).

Pero volviendo al contagio del Poder Judicial de la Corrupción generalizada en el poder legislativo-ejecutivo popular no salimos del asombro, primero de la negación de la más que evidente malversación de caudales públicos del Presidente del Consejo Superior del Poder judicial y del Tribunal Supremo y segundo, y muy especialmente, de la negación de la nueva fiscalía general del PP de Rajoy a que se admita a tramite la investigación solicitada por la asociación Preeminencia del Derecho sobre esta más que evidente malversación con dos argumentos tan peregrinos e irracionales como: 1 que es difícil distinguir que actos realizados por este señor son públicos y qué actos son privados (hasta un niño o una niña de 7 años los distinguiría fácilmente) y 2 que “este señor es ‘autoridad’ y no funcionario, por lo que no puede cometer actos delictivos”. Señor Fiscal que estamos en España en el siglo XXI y no en un colegio real victoriano del siglo XIX en donde otro niño recibía los azotes destinados al príncipe, porque al principe no se le podía castigar... Lo dicho, el fiscal, que debe defender al pueblo, defiende a quienes atacan y agreden, económica y moralmente, al pueblo. La autoridad no sólo debe cumplir los códigos de justicia, sino, incluso, con más ahínco que el resto de ciudadanos. Y si no los cumplen deben pagar exactamente igual que los demás. No quiera convertirse, sr. Fiscal, en una jurisprudencia para disculpar a todos los que han sido autoridades y han cometido corrupción, que son legión. Y que deben pagar igual que hacen todo el resto de los mortales que cometen delitos.


España ya no está enferma, está moribunda, terminal, de corrupción, especulación y consecuente crisis económica. Y el mal está tan extendido que ya no hay curación posible, a pesar del rescate que se produce hoy mismo (por esto Rajoy se va al mundial de fútbol, por esto Rajoy les dijo a los jugadores de la selección que confiaba en ellos para dar muchas alegrías a la decaída población y, aunque no lo explicitó, salvarle a el mismo), pero este rescate es una medicina para la enfermedad, pero no en defensa de las células sanas que aún le quedan al enfermo y contra las enfermas, sino todo lo contrario: en defensa de la células enfermas: deberemos devolver, los paganos de siempre, no los corruptos, la cantidad prestada y mucho más en concepto de intereses, 100.000 millones en capital y dos o tres veces esta cantidad en intereses, lo cual supone tener que pagar, cada uno de nosotros, entre 5.000 y 10.000 euros. ¿Y cómo los pagaremos? En empobrecimiento económico (paro, reducción de salarios, en incremento de impuestos) y reducción de bienestar e incluso vidas (disminución de prestaciones sanitarias, educativas y sociales).

La única solución es la re-valoración de los bienes hipotecados a su valor real actual de mercado, pagar por su valor verdadero y no por el valor especulativo y que particulares, bancos, Administraciones,... devuelvan sus deudas reales, internas y externas, no especulativas, con la modificación, en positivo o negativo, correspondiente al IPC, pero ni un céntimo en concepto de intereses (por este concepto cualquier deuda a un banco o a un mercado, en pocos años, se puede multiplicar por cuatro).

Pero como esto no se va a producir porque ni bancos ni mercados lo van a permitir, la única solución es la de la Revolución Francesa. Lo malo es que el fabricante, custodio y vendedor de guillotinas, mucho más sofisticadas en forma de bombas de racimo, proyectiles, aviones de combate y tanques, es el propio ministro del Gobierno del PP de las fuerzas armadas españolas, con lo cual, se repetiría el hecho, finalmente serían ellos quienes nos guillotinarían a nosotros una vez más.

Palma, 9 de junio de 2012

Antoni Ramis Caldentey
Psicólogo humanista social