Por qué esta discrepancia entre el juez del Tribunal Supremo y el Ejecutivo de Rajoy?
Para mi que siguen los juegos de estrategia a que nos tienen tan acostumbrados des del uno de octubre del año pasado 2017.
El Juez Llarena se ha pasado en su pretensión de poder juzgar a los miembros del Govern y Parlament catalán por rebelión y malversación. Si ha habido algún tipo de violencia en los miembros políticos y ciudadania catalana ha sido la sufrida (y en algunos casos tan sádica que deshumaniza a quienes la ejercieron y la ordenaron y avergüenza a cualquier español con un mínimo sentido humano), no ejercida. Claro que el juez Llarena se ve engañado por la animadversión de la fiscalía (a las órdenes del Ejecutivo) i de la Guardia Civil (que, exceptuando sus encomiables labores de tráfico y humanitarias, va en su esencia "armada" y defensora de la Patria, contra el separatismo, oposición y cualquier diferencia) que no dudan en atribuir sin mesura ni equilibrio (ni verdad).
El juez Llarena, influído por los informes tendenciosos de la Guardia Civil y peticiones de la Fiscalía (y por la tendenciosidad beligerante y odiosa de Ciudadanos y toda la radicalidad ultra conservadora), pronostica la máxima gravedad merecedora de la máxima pena. Pero jueces de Bélgica primero y de Alemania después ya han rechazado que hubiese violencia ejercida y, consecuentemente, "rebelión" (por ello Llarena anuló la primera euroorden de extradición, que volvió a activar cuando intuyó que podría ser más aceptada en Alemania. Que tampoco). Por ello su prestigio como juez se vería muy puesto en cuestión si, una vez desmentido por jueces europeos más objetivos en el delito de rebelión lo desmintieran tambien en el de malversación en el que se vuelca ahora empujado por fiscalía, Guardia Civil i Ciudadanos. No obstante el Ejecutivo al que pertenece el ministro Montoro, afrentados y, en gran parte desprestigiados por el Referendum del 1 de octubre, los resultados de las elecciones autonómicas catalanas convocadas por el propio M. Rajoy no desean, en ningún modo, que Puigdemont pudiera ser extraditado sólo por malversación, con lo que ni Pugdemont ni ninguno de los políticos catalanes encarcelados o imputados podría ser juzgado por "rebelión" y sólo por "malversación", imputación con muy poco recorrido por cuanto el propio Montoro y el propio M. Rajoy ya dijeron en una fecha muy próxima al 1 de octubre que no se había gastado ni un solo euro público de la Generalitat en el Referendum. Se vio, con meridiana claridad que fue un proceso ciudadano y que fueron los propios catalanes ilusionados con romper con el yugo rencoroso y agresivo castellano-andaluz-extremeño (por sus dirigentes, más beligerantes que los de las demás Comunidades, no por la mayoría de sus pueblos) quienes, a través de las organizaciones ANC y OMNIUM o directamente, a través de las cajas de resistencia, quienes soportaron y soportan (fianzas y gastos extras) todos los gastos del Procés. Por ello el juez Llarena quiere tener razón en algo de sus imputaciones, mientras que el ejecutivo no quiere que una extradición muy rebajada le desmonte la posibilidad de "castigos ejemplares" vengativos a que son tan aficionados los miembros más ultraconservadores y más ultranacionalistas del nacionalismo español.
Los educadores queremos evitar y, en su caso, solucionar los conflictos y sabemos que, par ello, el castigo no sólo es ineficaz, sino que es contraproducente. "Hablando se entiende la gente". En cada momento del Procés, el Presidente del Govern y el Presidente del Parlament han ofrecido y pedido diálogo al Gobierno estatal. En todas las ocasiones lo ha rechazado. Los autoritarios no quieren solucionar los conflictos, quieren vencer y doblegar (y, en muchos casos, humillar. Cuan guerracivilística es esta actitud!!!) al rival, al oponente.
