¿La muerte del derecho a la vivienda? David Abril

¿La muerte del derecho a la vivienda?

David Abril

Ara Balears, 22 de marzo de 2025

Con la vivienda, todos sabemos que nos movemos en un terreno tan desgarrador como contradictorio, porque por un lado los poderes públicos reconocen el derecho a una vivienda digna –desde la declaración de los Derechos Humanos en la Constitución española y nuestro Estatuto de Autonomía–; pero por otro, la vivienda se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del momento, tanto en lo que se refiere a la actividad constructora e inmobiliaria, como en cuanto a la nueva burbuja financiera internacional alimentada después de la crisis de 2008.

No sólo parece que no aprendemos nada de las crisis que atamos, sino que, además, dejamos víctimas por el camino. La pandemia, que ya nos parece prehistoria cuando hace sólo cinco años, nos demuestra que no hemos salido necesariamente “mejores”.

No sólo no ha sido así, sino que el proceso de financieras de la economía global se ha acelerado y el turismo ha vuelto a crecer muy por encima de las cifras de 2019. En general, el consumo de casi todo va disparadísimo a pesar de la inflación registrada desde la guerra de Ucrania, sobre todo gracias al endeudamiento de las familias por el consumo. En este contexto, el derecho a una vivienda digna ha retrocedido muchos puntos para convertirse en un "activo" de inversión para los que pueden permitírselo y una pesadilla para anchas capas de la población que no la tienen o que viven en precario, empezando por los más jóvenes.

Desde 2021 –que no es que los alquileres de viviendas fueran baratos en nuestras Islas–, el acumulado incremento de precios hasta la actualidad supera en muchos municipios el 50%. Los salarios ni se aproximan a estos incrementos, lo que significa que cada vez hay más familias con dificultades para pagar el alquiler o acceder a ellas. Consubal señaló no hace mucho que los abusos de los propietarios son ya el grueso de las denuncias que reciben. Y las agencias inmobiliarias –que han más que duplicado la presencia en Baleares desde la crisis de 2008 a pesar de la "escasez"– reconocen que uno de sus principales productos –además de la vivienda de lujo orientada principalmente a extranjeros ricos- son las habitaciones, que ya representan un tercio de la oferta.

En el terreno político, la vivienda está presente tras décadas en la agenda pública, pero con una visión sesgada, que otorga peso a fenómenos insignificantes estadisticamente, pero convertidos en espectáculo, como el empleo de viviendas vacías mientras deja la mayoría de las iniciativas en manos del mercado. Y aquellas que conllevan unos mínimos de intervención (como el control de precios) se convierten en opcionales para nuestros gobernantes. Por si fuera poco, estamos ante una ola de criminalización de la pobreza del todo funcional a una economía turística que maneja nuestra sociedad como un escaparate. No interesa que los pobres se vean, y por eso se persiguen a las víctimas de la exclusión residencial, con ejemplos como el desalojo de cientos de personas sin alternativa habitacional (como en el caso de Can Rova en Eivissa. la prisión vieja de Palma y el aeropuerto); además de la persecución de los caravanistas en Palma.

El desacoplamiento entre las políticas de vivienda y las potenciales personas beneficiarias es tan grande que los datos reducen a cero los efectos de cualquier medida, empezando por el último decreto que se quiere aplicar en el caso de Palma. El suelo es la base para que se pueda construir más, pero dónde están las garantías para que las facilidades a los constructores se traduzcan en resultados para los residentes que necesitan una casa? Si el estándar de las “viviendas de precio limitado” es como el de la última promoción en el Pillarí (pisos de dos habitaciones a un precio máximo de 300.000 euros), ¿cómo se come esto con la estructura salarial de las Islas Baleares? No se trata de hacer vivienda sólo para los colectivos más vulnerabilizados, pero sí de tener en cuenta que según los últimos datos de Hacienda, la media salarial en Baleares es de poco más de los 600 euros por 14 pagas... Y que el 35% de las personas asalariadas está por debajo del salario mínimo en el cómputo anual. Por eso no se puede reducir el principal problema social de las Islas a una simple cuestión de oferta y demanda... ¿De qué servirá reservar un 30% de las nuevas viviendas a jóvenes menores de 35 años, que para suscribir una hipoteca de un piso de 300.000 euros deberían disponer de un mínimo de 60.000 euros ahorrados? Eso sí; si en dos años no se han vendido los pisos a este colectivo, aquí termina la obligación del promotor.

Viendo esto, y el desacoplamiento entre la realidad social y las propuestas políticas, ¿está realmente tocado de muerte, el derecho a la vivienda? Yo personalmente creo que está muy tocado, pero también confío en que los isleños, y especialmente las personas jóvenes, sean capaces de situar el tema en la agenda política con parámetros muy distintos a los que se maneja la cosa ahora. Podemos aguantar un trabajo precario, una cesta de la compra o unos precios de la energía desorbitados, pero nadie puede construir un proyecto de vida sin techo. De eso va el tema, el derecho a una vivienda digna pervivirá, pero la sociedad que no esté dispuesta a resolverlo con determinación está condenada a morir.