Diálogo entre dos ciudadanos de Palma (Mallorca), hombre y mujer, leído en Facebook:
- La demolición del edificio esquina 31 de Diciembre y Antoni Marquès está a punto de empezar. Aparte de la grave pérdida patrimonial y de autenticidad que esto representa para el barrio y para la ciudad, me pregunto: ¿Qué costarán los nuevos pisos? ¿Quién podrá comprarlos? ¿Cuántos se destinarán a segundas residencias o a alquiler turístico encubierto y estarán vacíos buena parte del año? Es evidente que la vivienda no puede seguir en manos de "las leyes del mercado libre". Es un bien social, un derecho de la ciudadanía protegido constitucionalmente, y la Administración debe intervenir para garantizar que sea accesible por jóvenes, trabajadores y familias residentes. Para empezar, un piso de cualquier nueva promoción como ésta debería venderse obligatoriamente a alguien con al menos 5 años de residencia en Mallorca, que no fuera titular de ninguna otra vivienda, y que la destinara a primera residencia. No somos ningún experto en el tema, pero tengo claro que en la situación de EMERGENCIA HABITACIONAL que vivimos actualmente las viviendas no pueden seguir terminando en manos de extranjeros ricos y especuladores. ¡BASTA!



